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Impuesto a los combustibles: se calcula que el Gobierno dejó de recaudar USD 2.326 millones en 2025 para prevenir un aumento mayor en los precios de los combustibles.

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Aumentos a los Combustibles: Un Juego de Postergaciones

Durante el 2025, el Gobierno optó por postergar de manera sistemática la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL y CO₂), una decisión que significó resignar ingresos fiscales por USD 2.326 millones. Según un informe de la consultora Economía y Energía (EyE), esta estrategia respondía a la necesidad de evitar un aumento significativo en los precios de los combustibles. Sin embargo, esta falta de ajuste ha generado un desfasaje cada vez mayor entre el monto que debería recaudarse y el que realmente se obtiene.

El Impacto de la Decisión

La normativa vigente establece que el ICL y el impuesto al CO₂ deben actualizarse trimestralmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, esta obligación fue suspendida en numerosas ocasiones. En lugar de ajustes completos, el Poder Ejecutivo permitió únicamente aumentos parciales y diferimientos hacia meses posteriores. En diciembre de 2025, por ejemplo, el incremento autorizado fue de $17,4 por litro en el caso de las naftas y $15,1 por litro para el gasoil. Pero los montos pendientes que se trasladaron a 2026 son significativamente mayores: $224,9 por litro para las naftas y $110,7 para el gasoil.

Proyección de Recaudación y Futuras Estrategias

La consultora EyE detalla que, solo en diciembre, la decisión de aplicar un aumento parcial implicó dejar de percibir USD 173 millones. Este monto se sumó a los ingresos que el Estado ya había resignado a lo largo del año. Ante esta situación, es importante señalar que la postergación de los aumentos no elimina la obligación de actualizar el impuesto. De esta manera, el ajuste pendiente quedará concentrado en los primeros meses de 2026, aunque el futuro ajuste parcia previsto para enero de ese año implicará una merma adicional de USD 147 millones por las ventas de combustibles. La decisión de aplicar ingresos perdidos en el presente podría aumentar la carga impositiva en el futuro, impactando directamente en la economía regional.

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